Agricultura para comer
Por Pedro Piñate
“Lucen convenientes una ley de Reabastecimiento Alimentario que priorice la compra nacional de alimentos, y otra de Emergencia Agrícola que defina el plan productivo”.
Atender y resolver con diligencia el enorme déficit de la producción nacional de alimentos, continuará siendo en esta década de 2020 y la siguiente, una prioridad de Estado. De allí que cada día que pasa sin que el Estado se ocupe como debiera, compromete aún más la precaria seguridad alimentaria de los venezolanos. Sobre todo frente a la existencia de intereses opuestos a nuestro desarrollo agrícola que deben superarse por completo. Comenzando por el ideario comunista enemigo de la propiedad y empresa privada, y siguiendo con la agricultura de puertos y la competencia desleal de las agroimportaciones.
Como sea que el regreso a la libertad y democracia, ofrece un nuevo favorable panorama para Venezuela y los venezolanos, la agricultura para comer y exportar pasará de concepto y planteamiento a realidad. Para ello es clave que los nuevos líderes de la nación conozcan y entiendan para que no se repita, que la causa principal de la baja producción y productividad de nuestra agricultura ha sido hasta la fecha el entorno contrario de políticas que ha prevalecido. Desde la política de terror agrario por ley hasta las políticas de controles que han sido letales a los productores del campo. También la política de monopolio estatal y uso clientelar proselitista de los principales agroinsumos y fertilizantes en esas empresas públicas de pésima gerencia que son Agropatria y Pequiven. Todo esto ha resultado en menor superficie utilizada y rendimientos, a lo que contribuye la obsolescencia de equipos y maquinarias que no pueden reponerse porque no hay existencias en el país y/o no pueden los agricultores comprar sin financiamiento bancario oficial y comercial en dólares.
Observando que resolver el problema de la comida y asegurar la dotación de agroinsumos y maquinarias para la producción, demandarían inicialmente no menos de US$ 5.000 millones, tal financiamiento hay que procurar con tiempo. Para ello lucen convenientes una ley de Reabastecimiento Alimentario que priorice la compra nacional de alimentos, y otra de Emergencia Agrícola que defina el plan productivo, ordene la intervención del Instituto Nacional de Tierras – INTI, hasta su cierre definitivo al derogarse la Ley de Tierras, y reúna en un solo ministerio y ministro las competencias de Agricultura y Alimentación.
Pedro Piñate